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Amnistía Internacional criticó este martes que el Gobierno de Álvaro Uribe "distorsione" la realidad de la violación de los derechos humanos en Colombia y ofrezca una "versión optimista", y le reprochó también que no reconozca la existencia de un "conflicto armado" en el país.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, presentó este martes en Madrid el informe "¡Déjennos en paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia", acompañado por Marcelo Pollack, investigador del Secretariado Internacional de Amnesty International para Colombia, y Nancy Fiallo, defensora colombiana de derechos humanos.

Beltrán afirmó que el Gobierno de Uribe da una "versión optimista" de la situación de los derechos humanos que no se corresponde con la realidad y que, además, niega absolutamente la existencia de un conflicto armado.

Además, señaló que, pese a la liberación del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, su organización "no olvida los miles de secuestrados", por lo que pidió su liberación "inmediata".

El director de AI pidió al Gobierno español que "facilite y no bloquee" en la UE el examen que Colombia hará en diciembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que se incluya al país entre las naciones con "gravísimas violaciones de los derechos humanos".

Según el informe "¡Déjennos en paz!", en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles frente a 1.300 en 2006. De los casos en los que se conoce a los autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330, los paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.

También se revela que hasta 305.000 personas fueron desplazadas en 2007 y que al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por la guerrilla.

Necesidad de voluntad política efectiva

Por todo ello, Amnistía Internacional instó a todas las partes implicadas en el conflicto a que muestren la "voluntad política necesaria" para poner fin a los "abusos contra los derechos humanos", y exhortó a la comunidad internacional a que "redoble los esfuerzos para lograr que las dos partes enfrentadas" los respeten.

En este sentido, Pollack reclamó "acciones efectivas" para no involucrar a civiles en el conflicto y llamó a las partes enfrentadas a que no den la espalda a este problema "condenando así a millones de colombianos al terror, la angustia y la miseria".

El informe también dice que, pese al proceso de desmovilización paramilitar auspiciado por el Gobierno, estos grupos "siguen activos en varias partes del país".

El director de AI en España aseguró que la raíz del conflicto está en la impunidad y es que, según el informe, sólo un 10 por ciento de los más de 31.000 paramilitares que, según el Gobierno, han sido desmovilizados han podido acogerse al proceso de "Justicia y Paz" que les concede beneficios judiciales a cambio de confesiones sobre su participación en violaciones de derechos humanos.

Alrededor del 90 por ciento de los paramilitares desmovilizados, continúa el documento, "se han beneficiado de amnistías de facto".

Nancy Fiallo, que llegó a Madrid hace veinte días "protegida" por Amnistía Internacional tras sufrir en su país amenazas, reclamó a Uribe que llame públicamente a que se respete la labor de los defensores de los derechos humanos y no diga que éstos son "terroristas y que pertenecen a las FARC".

Tras asegurar que entre junio de 2002 y diciembre de 2007 un total de 75 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia, Fiallo aseveró que el Gobierno de su país debería hacer un "respaldo político" a la labor de estas personas.

En este sentido, Esteban Beltrán pidió al Gobierno español que siga apoyando y poniendo de relieve la labor de los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas en Colombia.

Con EFE