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El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de la máxima corte de Justicia, Gilmar Mendes, se reunieron el lunes tras una denuncia de que el último fue espiado por la agencia estatal de inteligencia.

La noticia fue detonada el fin de semana por le revista VEJA, que aseguró que fueron instaladas escuchas en el teléfono del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes y que también tendrían los teléfonos pinchados altos representantes del Congreso y ministros del gobierno Lula.

Veja atribuyó las escuchas a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y aseguró que su fuente es un funcionario de la misma, que mantuvo el anonimato; como supuesta prueba, divulgó una conversación telefónica de hace semanas entre Mendes y el senador conservador Demóstenes Torres, confirmada por ambos.

El presidente del más alto tribunal del país reaccionó duramente al denunciar "un descontrol del aparato estatal". El senador Torres afirmó que ese tipo de escuchas entre poderes "es común en dictaduras" y su partido opositor Demócratas exigió el esclarecimiento del asunto.

La ABIN divulgó una nota garantizando que ordenó iniciar una investigación para esclarecer los hechos y "la posible implicación" de sus funcionarios.

"La denuncia es grave porque se trata del presidente de uno de los poderes del Estado y porque habla de escuchas en los tres poderes. Exigiría medidas drásticas" como la renuncia del ministro de Justicia, Tarso Genro, y del jefe de la ABIN, Paulo Lacerda, dijo a la AFP el consultor del centro de estudios Santafe Ideias, Carlos Lopes.

"¿Se trata de una disputa interna entre la Policía Federal (PF) y los espías de la ABIN, entre grupos de la PF y de la ABIN? ¿Es una disputa de poder dentro del Partido de los Trabajadores (PT de Lula) involucrando al ex diputado (ex ministro y ex presidente del PT) José Dirceu, y el ministro de Justicia, Tarso Genro?", cuestionó en la radio CBN la comentarista política Lucia Hipólito.

Esta consideró que la denuncia de las escuchas "es grave porque revela que Planalto (palacio presidencial) perdió el control del aparato de seguridad".

Pormenores

La denuncia de que existirían escuchas telefónicas ilegales en las altas esferas del poder surgió hace un mes, tras una sucesión de investigaciones policiales, cuestionamientos mutuos entre la ABIN y la PF, y después de que la prensa indicara que hasta el teléfono del principal secretario del presidente Lula estaba pinchado.

"Estamos llegando a un punto en que tenemos que acostumbrarnos a (...) hablar por teléfono con la presunción de que alguien está escuchando", dijo entonces a la prensa el ministro de Justicia, indicando que cualquiera puede comprar un equipo y grabar.

"Estoy convencido de que mi teléfono es una radio comunitaria, ya ni lo controlo", dijo el ministro de Relaciones Institucionales (relaciones con los otros poderes), José Mucio.

"Brasil no puede convertirse en un inmenso Big Brother (reality show) en el que la privacidad está prohibida", reclamó el presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Cezar Britto.

Las escuchas, generalmente filtradas a la prensa, han sido claves en las más destacadas investigaciones policiales y escándalos políticos de los últimos años en Brasil.

Con AFP