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El ex jefe paramilitar colombiano Diego Fernando Murillo hizo la mencionada declaración este miércoles, frente a los cargos de narcotráfico que se le imputan en Estados Unidos, un día después de ser extraditado al país norteamericano.

"Don Berna", antiguo inspector general de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), compareció ante el juez Richard Berman, de la Corte Federal de Manhattan, después de haber pasado la noche en el cercano Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York.

Murillo fue detenido por las autoridades colombianas en mayo de 2005 y en la actualidad colaboraba de manera activa con la Justicia, hasta que este martes el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció su extradición a Estados Unidos junto a otros trece ex mandos de las Auc.

Con aparente calma y la ayuda de un sistema de traducción simultánea, el también conocido como "Adolfo Paz" asistió a su primera vista ante un tribunal en Manhattan y se declaró no culpable de cargos relacionados con la importación de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos y lavado de los fondos obtenidos con ese tráfico.

"Cuando cualquier ciudadano se enfrenta a cargos de conspiración y tráfico de más de cinco kilos de cocaína, las penas pueden ir desde diez años hasta cadena perpetua", explicó tras la vista el abogado de Murillo, Paul Nalven.

Estados Unidos ofreció garantías a Colombia de que no reclamarán una cadena perpetua para el acusado. Según el escrito de la Fiscalía, Murillo era el "líder de facto de la organización, encargado de sus actividades de narcotráfico, incluidas el transporte de cocaína y las operaciones financieras".

Durante la vista, el fiscal federal Eric Schneider recordó que el detenido fue relacionado con un grupo terrorista y actividades de narcotráfico en Estados Unidos, así como con varios asesinatos, entre ellos el de un congresista.

Lo que dicen las autoridades

Según las autoridades colombianas, Murillo perteneció a "Los Pepes" (Perseguidos por Pablo Escobar), un grupo de sicarios que libró una guerra sin cuartel contra el jefe del cartel de la cocaína de Medellín, y fue integrante de bandas de la delincuencia de esa ciudad.

En cambio, su letrado declaró que desde que lo conoce, Murillo "siempre se ha comportado como un caballero y ha mantenido una actitud respetuosa y calmada", al tiempo que para "las autoridades colombianas se había convertido en consultor en el proceso" de desmovilización de paramilitares.

Bajo el amparo de la Ley de Justicia y Paz, que busca la desmovilización de paramilitares de las Auc, Murillo admitió la semana pasada su participación en una matanza de campesinos cometida por hombres bajo su mando en el departamento de Córdoba (noroeste de Colombia) en febrero de 2005.

También anunció la entrega de seis fincas y una casa por valor de 8 millones de dólares para reparar a las víctimas de las acciones paramilitares. En las audiencias de Justicia y Paz los ex paramilitares colombianos deben confesar sus crímenes, entregar bienes para reparar a sus víctimas y prometer que no continuarán en el delito para recibir penas benignas de no más de ocho años.

"Hasta tal punto las autoridades colombianas confían en su importante labor negociadora que en la prisión donde estaba tenía su propia oficina con fax y mesa y trabajaba como un hombre de negocios", explicó Nalven.

Por ello y porque "no supone en absoluto una amenaza física para nadie", el abogado solicitó sin éxito que el régimen carcelario de Murillo no sea de alta seguridad, sino que se le permitan las condiciones del resto de la población carcelaria, como preso común.

El magistrado, que no atendió la petición del abogado, concedió cuatro meses a las partes para que se familiaricen con el caso y recaben la documentación necesaria para continuar con el proceso y las citó para el próximo 16 de septiembre.

Con EFE.