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El Ejecutivo del país suramericano aceptó la promoción de una norma en el Congreso para convocar al referendo sobre la futura Constitución, después de que la Corte Nacional Electoral rechazara el decreto que fijaba la consulta para el próximo 7 de diciembre.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo en una rueda de prensa que la norma será debatida en el Congreso, donde espera acuerdos con sectores "democráticos" de la derecha, sin descartar modificaciones para la fecha de la celebración de la consulta.

La postura fue planteada minutos después de que una asamblea de dirigentes sindicales y movimientos sociales afines al presidente Evo Morales anunciara movilizaciones para presionar y cercar el Congreso a aprobar una ley que avale el referendo.

García Linera sostuvo que si resulta "insuficiente o hay limitaciones o imposibilidad de aplicar o cumplir el decreto, el siguiente paso obligatorio es la ley" que debe ser aprobada en el Congreso nacional.

Morales firmó el decreto la semana pasada antes de viajar a Libia e Irán, pero la norma fue criticada por juristas, por la oposición en el Congreso y en las regiones autonomistas.

Por su parte, la Corte Nacional Electoral alegó "impedimentos legales" para organizar tanto el referendo constitucional como los procesos electorales (de ámbito regional y provincial) que Morales decretó también para el 7 de diciembre.

García Linera sostuvo que una vez que se promulgue la ley en el Congreso, donde el Senado está bajo el control de la oposición y la Cámara de Diputados por el oficialismo, la Corte Nacional y las regionales estarán obligadas a cumplir con su misión de organizar el referendo.

Advirtió que si las cortes electorales de regiones controladas por la oposición se resisten a aplicar la ley, los vocales se enfrentarán a consecuencias legales, sanciones y enjuiciamientos.

Destacó que las organizaciones sociales reunidas en Santa Cruz hayan planteado la opción de promover el referendo sobre la nueva Constitución con una recolección de firmas que serán presentadas al Congreso, un sistema respaldado en la Carta Magna.

Sin embargo, los sindicatos también anunciaron movilizaciones y una marcha por 200 kilómetros por la carretera que une a la localidad de Caracollo hacia La Paz, a partir del 16 de septiembre, para presionar y cercar al Congreso hasta que se apruebe la ley.

Prefectos ratifican decisión

Horas antes del pronunciamiento de García Linera, los prefectos y dirigentes cívicos de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija ratificaron su decisión de no permitir que la consulta sobre la Constitución se celebre en esos departamentos.

Los opositores anunciaron, además, que ampliarán el bloqueo de carreteras que lleva diez días en el sur del país a esas cinco regiones para exigir al Gobierno que restituya los ingresos petroleros que les fueron reducidos en enero pasado.

Las amenazas incluyen un dirigida a frenar la posible exportación de gas natural hacia Brasil y Argentina, si el Gobierno no atiende la demanda opositora.

Con EFE