La libertad de prensa está "seriamente afectada"
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La libertad de prensa en Nicaragua está "seriamente afectada" por acusaciones, amenazas y agresiones verbales por parte de las más altas autoridades del Gobierno, según un informe presentado en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Además, el Poder Ejecutivo usa la publicidad y las acciones judiciales como mecanismos de coerción, agrega el documento expuesto en la 64 Asamblea de la SIP, cuyos informes serán aprobados el martes próximo por los editores y directivos de prensa que forman parte de esta organización panamericana.
Se menciona en concreto que en abril un juez condenó al pago de una multa al director y al jefe de información del diario "La Prensa" por delitos de injuria contra cinco mujeres integrantes del los consejos de poder ciudadano (CPC), vinculados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y coordinados por la primera dama, Rosario Murillo.
Las demandantes alegaron haber sido ofendidas por una nota publicada que denunciaba agresiones sufridas por un periodista de "La Prensa" pero no mencionaba a los agresores.
Varios periodistas de "La Prensa" y del "Nuevo Diario" han denunciado amenazas de muerte.
Además, el informe señala que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, "sigue amenazando" en sus discursos nocturnos a medios de comunicación y a líderes de la empresa privada y de la sociedad civil.
Al "Nuevo Diario", Ortega lo llamó "Nuevo Diablo" y a los periodistas de "La Prensa" los tildó de "asesinos" por haber descubierto la casa donde el gobierno tiene a una muchacha mexicana asilada en el país que sobrevivió a un ataque colombiano contra la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano en marzo pasado.
Ortega consideró, según el documento presentado este domingo, que esa información se publicó "para que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, enviara a agentes a asesinar a la joven".
Por otro lado, el informe señala que la publicidad estatal no sólo se usa en beneficio principalmente del partido en el poder, el FSLN, sino también para promover la imagen personal del presidente.
Como elemento positivo, se destaca que el nuevo Código Penal, que entró en vigor en julio, eliminó la responsabilidad directa de los editores, directores y dueños de las publicaciones en lo relativo a injurias.
Además, establece que no se comete injuria contra los funcionarios públicos a los que se critique en el ejercicio de sus funciones oficiales sobre hechos verdaderos o en defensa de un interés público.
Con EFE
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