Ministro de Ecuador viaja a Washington para gestionar extensión del ATPDEA
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El ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, viajará este mièrcoles a Washington para gestionar la extensión de la ley de preferencias arancelarias (ATPDEA) que EE.UU. otorga a los países andinos.
En una rueda de prensa, Larrea dijo este mièrcoles que su viaje es para "mantener diálogos destinados a lograr que la ley de preferencias andinas pueda renovarse en diciembre", mes en el que vence. El Congreso estadounidense aprobó el pasado febrero una extensión de diez meses a las preferencias arancelarias que otorga de forma unilateral a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
Según Larrea, Ecuador merece una extensión "indefinida" de esos beneficios arancelarios por ser el "líder de la lucha antidroga en América Latina" y por mantener, además, "una política de cero tolerancia en los cultivos ilícitos".
El ministro anunció también que Ecuador avanza en un "Tratado Bilateral Global" con Estados Unidos que abarca orden comercial, seguridad, producción y justicia. Larrea se reunirá en Washington con representantes del Gobierno estadounidense, aunque no especificó con quiénes, y añadió que mantendrá contactos con delegados de los candidatos a la Casa Blanca, el republicano John McCain y el demócrata Barack Obama.
El objetivo de esos encuentros con representantes de los candidatos presidenciales es insistir en el diálogo para la creación de un acuerdo bilateral entre EE.UU. y Ecuador.
Para el ministro, "Estados Unidos debe inaugurar en América Latina una relación comercial diferente", de intercambio "justo" y que se alejaría de los tradicionales tratados de libre comercio.
El lunes, una delegación de empresarios ecuatorianos se trasladó a Washington para exponer los beneficios de las preferencias arancelarias. La ATPDEA permite la entrada, libre de aranceles, en Estados Unidos de una gran cantidad de productos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
Autoridades ecuatorianas calculan que esa norma genera unos 350.000 empleos en el país, especialmente en el área agropecuaria, que podrían verse afectados en el caso de que no se renovara.
Con EFE.
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